En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional deja claro que negar el acceso a la justicia a unos trabajadores por firmar un documento donde aceptaron un despido colectivo es contrario a los derechos fundamentales. En concreto, al libre acceso a la justicia. Así lo ha dictado la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. El máximo intérprete de la Carta Magna corrige la decisión del Tribunal Supremo, donde le daba valor al acuerdo alcanzado entre la empresa y la representación de los trabajadores.
En el caso, los trabajadores, de forma individual, alegaron que la extinción de sus contratos por causas objetivas trajo causa de un expediente de regulación de empleo que, aunque concluyó con acuerdo, se basaba en causas falsas.
Ahora el Tribunal Constitucional declara que, pese a que el despido colectivo no sea impugnado por los representantes legales de los trabajadores, – a través del procedimiento colectivo previsto en el art. 124 LRJS-, es posible que se examinen las causas que lo motivaron a través de procesos individuales, siendo intrascendente que haya acuerdo entre partes o no.
No existe base legal que excluya del objeto del proceso individual a los motivos dados para justificar el despido colectivo. Aunque existe un vacío legal en la materia, no se puede cercenar el acceso al proceso a los trabajadores o limitarles el objeto de su demanda. Resulta del todo necesario saber si concurrieron o no suficientes motivos organizativos o productivos para justificar el despido colectivo y así decidir la procedencia o improcedencia de la extinción contractual.
Argumenta la sentencia dictada en amparo que el primer párrafo del art. 51.6 LET no impide que las causas del despido colectivo puedan ser cuestionadas en procedimientos individuales, ni tampoco prevé que el hecho de haber alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores comporte la presunción de existencia de las referidas causas, como así se establece respecto de otras medidas colectivas (como la modificación sustancial colectiva de las condiciones laborales).
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su faceta del acceso al proceso quedaría mermado si se deniega la posibilidad de revisar las causas de despido colectivo solo por haberse llegado a un acuerdo entre la empleadora y los representantes de los trabajadores.
Desde SITs, valoramos muy positivamente esta sentencia, la cual va a permitir que multitud de trabajadores y trabajadoras puedan recurrir ante despidos por causas falsas, acordados por representantes de los trabajadores muchas veces vendidos a la empresa de turno.
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